República Internet

Pese a haber nacido en Barcelona, no me siento ni catalán ni español. Y no lo digo con desprecio hacia tales identidades, sino con aburrimiento: estoy harto de actos de afirmación patriótica.  Estoy harto de la polémica estéril que lleva años degradando la convivencia en mi entorno más cercano, y que amenaza con acabar con las escasas garantías jurídicas que otorgaba el vigente régimen estatutario y constitucional. Pero por encima de todo, estoy harto de tener que optar entre sentimientos, en lugar de razones.

Soy ibérico por una mera razón geográfica: la península es la única unidad indivisible de la que formo parte.  La unidad indivisible de la nación española, proclamada por la vigente Constitución, es un brindis al sol: no se puede imponer jurídicamente la convivencia, ni en las familias ni en las naciones. Si somos españoles es solo porque la historia nos ha condenado a ello, pero la historia futura de los pueblos no está escrita, porque depende de ellos mismos y de su entorno. Si somos españoles lo es, sobre todo, porque así nos han visto desde fuera, quizás porque era la única forma de denominar al conjunto de culturas mal avenidas que pueblan la mayor parte de la Península Ibérica.

Soy ibérico como el lobo y como el lince, que cruzan los ríos, bosques y dehesas en la raya de Portugal sin preocuparse por el pasaporte. Soy ibérico como los cerdos que llevan al matadero: a ellos por sus jamones, a nosotros por unas banderas. Soy ibérico porque mis apellidos son de los más corrientes en España y Portugal, y ni siquiera tengo claro si mi Almeida es lusitano o zamorano, porque a ambos lados de la frontera hay pueblos que se llaman así. Soy ibérico porque mis abuelos y mis padres cruzaron una y otra vez esta península huyendo de la guerra y del hambre, como tuvieron que huir sus padres y sus abuelos. Soy ibérico porque no podemos escoger dónde nacemos ni dónde moriremos, pero sí lo que queremos ser.

José Saramago, también ibérico, fabuló en La balsa de piedra una separación imposible de Europa: rotos los Pirineos, el territorio que habitamos se convertía en una isla a la deriva, que solo dejaba atrás el peñón de Gibraltar. La fábula metafísica escenificaba nuestros problemas de identidad mejor que cualquier tratado de geopolítica, y la razón última por la que una España unida es tan imposible como una Catalunya independiente de los restantes pueblos de la península.

No creo en España ni creo en Catalunya. No creo en el vigente régimen constitucional y estatutario, simples parches de zapatero remendón que solo han servido para no ir descalzos tras cuarenta años de dictadura y cuarenta de transición hacia la nada. Pero sí pienso que es posible una solución de compromiso a las tensiones territoriales, y esa solución pasa por otorgar a las naciones históricas el mismo estatus del que actualmente goza Portugal, como paso previo a una integración mínima de todas nuestras estructuras de Estado en una posible confederación: la República Ibérica.

No nos engañemos: las naciones no las construyen los sentimientos, sino los intereses. Y después de ver cómo han jugado los poderes financieros con todos los pueblos que comparten esta península, va siendo hora de entender que el conglomerado de intereses que llamamos Europa solo nos tomará en serio cuando podamos sumar el poder económico, social y político de todos nuestros pueblos, respetando al mismo tiempo su identidad individual en una historia común.

Coda: Sea por casualidad, o por simple aburrimiento del viaje, este artículo se ha escrito en el tren que une Barcelona con Vitoria-Gasteiz. De Catalunya a Euskadi, pasando por Aragón, La Rioja y Navarra, las teclas han seguido el camino inverso del agua del Ebro. Ebro, Íber, el río que dio nombre a todo lo ibérico, y que seguirá estando aquí cuando todas las naciones hayan muerto.

Ponencia del Curso ‘La democracia como garantía de la dignidad humana’

Universitat Internacional de la Pau, Sant Cugat del Vallés

1.- Crisis política, crisis social, crisis constitucional

El 13 de mayo de 2011, dos días antes del 15M, y con el título Nos vemos en las calles, publiqué un artículo analizando la crisis del sistema constitucional español, reflejado en la caducidad de las instituciones de su título preliminar. Dicho texto estaba enmarcado en la movilización del colectivo No Les Votes, que inició su andadura en febrero de 2011, y que a raíz de la corrupción sistémica del sistema constitucional proponía un voto de castigo contra los partidos hegemónicos de la Transición española: PP, PSOE  y su bisagra nacionalista CiU.

Decía entonces, y sigo pensando ahora, que las jerarquías piramidales consagradas en el título preliminar de la Constitución eran cuatro: partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y fuerzas armadas. Salvo para el ejército, existe un imperativo constitucional  para las restantes instituciones: deben ser democráticas. Y sin embargo, quien decide la política de los partidos, de los sindicatos y de las patronales no son las bases que deberían garantizar la representatividad democrática, sino unas cúpulas elitistas cada vez más alejadas de la ciudadanía real. Unas castas extractivas que han llevado la democracia representativa a un deterioro sin precedentes.

Frente a la descomposición del régimen, las propuestas de los colectivos que como Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro, Estado de Malestar y No Les Votes, impulsamos las manifestaciones del 15 de mayo de 2011, eran ya desde el principio el borrador de un proyecto constitucional. Bajo el lema ‘No somos mercancía en manos de políticos ni banqueros’, lo que se proponía no era solo el efectivo cumplimiento de los derechos  fundamentales enunciados en la Constitución de 1978, sino una profunda regeneración que fuese más allá del rígido corsé de la democracia representativa. Recomiendo la relectura de aquel manifiesto, que reproduzco aquí como anexo, teniendo muy en cuenta que esas propuestas son las que llenaron las calles, y determinaron la espiral de movilizaciones que a día de hoy seguimos viviendo.

Desde el #15M de 2011, la crisis constitucional  no ha dejado de agravarse. No solo porque las instituciones estructurales han perdido toda legitimidad, sino porque la efectividad de los derechos reconocidos por el texto constitucional están bajo mínimos. El pacto PP-PSOE por el que se blindó el pago de la deuda y sus intereses, como prioridad absoluta del Estado, supuso la ruptura del pacto constitucional, al subordinar los derechos de la población a la estabilidad del déficit estructural.

Los recortes en el derecho al trabajo, a la salud y a la educación no han dejado de incrementarse para satisfacer la voracidad de los mercados financieros.  Se han cumplido mis peores vaticinios de 2011, y lo digo con amargura: el poder del Estado se va limitando progresivamente al mantenimiento del orden público: al sistema económico lo único que le interesa del poder político es que gestione con eficacia el ejército, la policía y el sistema judicial y carcelario.

Ante una crisis económica, política y constitucional, debemos plantearnos si es posible remontar la situación dentro de los márgenes  establecidos por la Constitución de 1978, o bien por el contrario es necesaria una reforma constitucional que amplíe los horizontes de derechos y libertades, estableciendo un sistema de garantías que impida nuevos recortes. Debe decirse que tal reforma sería una novedad en la historia constitucional española, donde lo habitual es que las Constituciones sean derogadas por la fuerza de los hechos.

2.- La senda para la reforma constitucional

La triste tradición en España es derogar las Constituciones vigentes mediante pronunciamiento, proclamación de república o guerra civil. Desde 1812 hasta 1978, ese fue el camino tradicional, hasta el punto que la ruptura de la legalidad republicana por la sublevación militar franquista no se menciona en la vigente Constitución, que surgió formalmente de una reforma política de las Leyes Fundamentales del Movimiento Nacional: nuestra actual Constitución es en la práctica una reforma cimentada en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Ante la actual situación, lo primero que debemos plantearnos es si el proceso constituyente ha de surgir ex novo, haciendo tabula rasa del actual texto constitucional, o bien por el contrario aceptamos el marco legal existente para iniciar una reforma constitucional con arreglo a las prescripciones establecidas en los artículos 166 y siguientes de la actual Constitución.

Personalmente pienso que es preferible el segundo camino, no tanto por razones jurídicas, sino de legitimidad política. Si se consigue la mayoría prevista por la vigente Constitución para su reforma, la legitimidad del proceso será completamente indiscutible: nada debilita tanto a un adversario como derrotarlo con sus propias armas y en su propio terreno de juego. Además, establecer como objetivo para una organización política de nuevo cuño el cambio constitucional permite la cohesión social alrededor de tal proyecto político.

Veamos ante todo cuales son las previsiones legales de los artículos 166 a 169 de la Constitución:

Artículo 166

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

La Constitución está blindada en lo que se refiere a materias tales como la monarquía, el sistema de partidos o ‘la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles’. Una reforma en profundidad requiere de una mayoría parlamentaria de dos tercios de cada cámara, el 66 por ciento. 234 diputados del Congreso, para empezar la tramitación.

Que la Constitución esté blindada no quiere decir que sea imposible su reforma. La crisis del sistema de partidos es total, y existen precedentes históricos del total hundimiento de partidos hegemónicos: es lo que pasó en la II República con los partidos de la restauración canovista, y lo que sin ir más lejos le pasó a UCD en 1982.  Pero debemos darnos cuenta de una cosa: para poder reformar la Constitución por sus propios cauces, no basta con una mayoría absoluta de derecha o izquierda. Es necesaria una mayoría cualificada que solo se puede obtener mediante el total hundimiento de los partidos hegemónicos de la Transición: PP, PSOE y CiU.

Quien aspire a reformar la Constitución hasta el punto de suprimir la monarquía y reconocer el derecho de autodeterminación dentro de una república federal, necesita una mayoría que no puede conseguirse desde uno de los extremos del arco parlamentario. Bastaría que la oposición tuviese el 33 por ciento de los escaños para hacer inviable la reforma. Por eso hemos de ser conscientes de la necesidad de una fuerza política integradora, tendente a lograr un consenso que posibilite un nuevo pacto social.

3.- El movimiento social 15-M y la PAH como agentes catalizadores del cambio social.

Frente a  la inoperancia de las jerarquías piramidales consagradas por la vigente Constitución, se alza una sociedad en ebullición que está construyendo a diario nuevos nodos de debate ciudadano, autoorganizándose en una inmensa red social cada vez mejor comunicada.

No hablo solo de internet: la sociedad red emergente es mucho más amplia que la red de redes. Hablo de la una red social mucho más poderosa: la que se teje y se articula alrededor de la solidaridad humana.

Más allá de la explosión viral del #15M, estudiada a fondo por el equipo de Datanalysis15M en el trabajo colectivo ‘Tecnopolítica y 15M, la potencia de las multitudes conectadas. El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la política distribuida”, está claro que desde febrero de 2011, primero con el movimiento descentralizado #NoLesVotes, después con la red de nodos de Democracia Real Ya, y finalmente con la red de acampadas tejida en torno a AcampadaSol, todo el crecimiento del movimiento social se ha tejido en torno a redes.

Las mareas ciudadanas, los yayoflautas, y por encima de todos ellos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han demostrado que los movimientos sociales estructurados en red pueden mantener en jaque perpetuo a un poder político estructurado jerárquicamente.

Vuelvo a insistir en que no estoy hablando solo de la red internet: me refiero a la red de solidaridad tejida en torno a los más vulnerables. Me refiero al sistema de alerta que ha permitido detener cientos de desahucios, devolviendo la dignidad a familias que sin el apoyo de sus iguales hubiesen acabado hundidas en la más atroz miseria.

Se trata de un movimiento distribuido y  descentralizado, sin cabezas visibles, pero con unas prácticas sencillas, que pueden ser reproducidas a diferentes escalas, sin límite geográfico o temporal. Y que de la misma forma que hoy para desahucios, en una situación de crisis más profunda puede verse en la tesitura de establecer una red de asistencia social de emergencia, ante la dejación del Estado en sus responsabilidades.

Destaco por encima de todo el papel de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, porque ha ganado con creces la legitimidad que han perdido las instituciones.  Al detener los desahucios de inmigrantes en las zonas más desfavorecidas, ha generado una cohesión social en barrios que de otra forma hubiesen podido degenerar en espirales de exclusión. Ese papel integrador es el mayor triunfo del movimiento: después de parar un desahucio, todos cuantos han participado en la acción por primera vez se convierten en activistas para siempre.

De la misma forma que el movimiento en red está cambiando la sociedad a pequeña escala, es posible trasladar sus prácticas al terreno de la lucha política. Pero no al precio de convertir el movimiento en una plataforma electoral: la función social de las mareas, de Yayoflautas, de la PAH, de todo el 15M, es y debe seguir siendo la de fiscalizar al poder, incluso en el supuesto de que una sociedad civil organizada sea capaz de desalojar del poder a los partidos hegemónicos de la Transición.

El gran fracaso de la Transición fue precisamente la desmovilización social. Desde los pactos de la Moncloa, previos a la redacción de la Constitución de 1978, partidos y sindicatos renunciaron a las calles para apoltronarse en el terreno institucional.  Desde el 15M hemos de aprender esa lección para siempre: el salto al terreno electoral no ha de suponer jamás la renuncia a la acción colectiva en el espacio público.  Quizás algún día reconozcamos como representante a uno de los nuestros, pero desde que jure su cargo debe tener muy presente que en cualquier momento le podemos gritar a la cara que no nos representa.

4.- Bases para un triunfo electoral

No se puede hablar de proceso constituyente, ni tan siquiera de borrador de Constitución, sin partir de un hecho básico: para establecer un nuevo pacto social es necesaria la mayoría social. No la mayoría absoluta: la mayoría social, esto es, la mayoría necesaria para alcanzar un consenso social sin exclusiones.

Para cambiar la Constitución, el primer paso es crear la conciencia social de que tal cambio es útil para la inmensa mayoría de la ciudadanía. El segundo paso es ganar las elecciones.

Sí, se puede hacer de otra forma: mediante un salto revolucionario. Pero si lo que queremos es edificar los cimientos de un nuevo pacto de convivencia, solo hay un camino: convencer a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ganar las elecciones.

No es tan difícil. Los partidos políticos hegemónicos, los que han venido ejerciendo la responsabilidad de gobernar, están en su momento más crítico desde 1978. Solo los mantiene en el poder la inexistencia de una plataforma electoral alternativa, que convenza a los ciudadanos de que el cambio es posible.

¿Cómo formar tal plataforma electoral? Ante todo, con humildad: teniendo en cuenta desde el principio que no será una organización que perdure más allá de su misión histórica de regeneración democrática. Si el objetivo de la plataforma es la conquista del poder por vía electoral, ha de conseguir la confianza de aquellos ciudadanos que en el pasado votaron al PP, al PSOE o a CiU, y que ya no se sienten representados por tales partidos. Como es obvio, tal plataforma electoral no puede estar en los extremos del arco electoral, donde ya existen otros partidos, por el momento minoritarios. Para ganar las elecciones, como en ajedrez, hay que conquistar el centro del tablero.

Ello no quiere decir que el programa electoral no pueda ser ambicioso: necesariamente ha de serlo, si lo que se pretende es implantar una democracia real, con derechos efectivos que no sean simple papel mojado. Lo que no puede ser es un proyecto extremista: lo radical ha de ser el mismo proyecto, no las formas.

Los votantes conservadores no apostarán por un proyecto que no garantice seguridad y libertad. Los votantes progresistas solo apoyarán un proyecto que garantice igualdad y solidaridad. El programa electoral debe ser necesariamente un borrador de Constitución que garantice el equilibrio de todos los derechos en conflicto.

¿Cuál sería el calendario? Las elecciones europeas son un buen momento para intentar la creación de una candidatura ciudadana de consenso, sobre unas bases sencillas: fin de la corrupción, eliminación de privilegios, garantía de los derechos sociales básicos y servicios públicos de calidad. Y lo más importante, decirle a Europa, desde los escaños del Parlamento Europeo, que las personas que hasta entonces ocupaban tales escaños no nos representan.

La circunscripción electoral única permite unir fuerzas en todo el Estado, sin los límites provinciales de la ley electoral española. Una vez conseguida la representación, el Parlamento Europeo es un altavoz que permitirá romper el cerco mediático, y preparar con garantías las elecciones municipales, autonómicas y generales.

5.- Una Constitución para la nueva república

El proceso constituyente ha de ser una obra colectiva. Ha pasado el tiempo de los padres de la patria, y hasta la propia denominación está obsoleta: ¿dónde están las madres? Las jerarquías patriarcales han pasado a la historia: las naciones no necesitan ni salvadores ni legisladores iluminados. Lo que necesitamos es una ciudadanía movilizada y consciente de los derechos que quiere recuperar y garantizar.

No se puede redactar una Constitución sin contar con toda la ciudadanía: el pacto ha de ser como mínimo refrendado por el 67 por ciento del parlamento, y cuanto más cerca se esté del 99 por ciento, mejor. Y ese 99 por ciento incluye a población que en otros momentos ha votado derecha o izquierda, y que solo apoyará el proyecto si es auténticamente integrador.

Si algo sobra en este país son expertos en derecho constitucional, que necesariamente deberán ser consultados. Pero el poder constituyente no lo otorga una cátedra universitaria, sino la ciudadanía, y la ciudadanía debe poder participar en el proyecto, sometiéndolo a debate público durante el margen de tiempo que sea necesario.

Cada uno de nosotros puede tener en la cabeza un borrador de Constitución, pero no vale nada si no obtiene respaldo popular. Ello no obstante, y a riesgo de aventurarme, sí me gustaría dejar aquí algunas de mis ideas al respecto, que no tienen otro origen que el fracaso de la Constitución vigente.

Si los derechos fundamentales reconocidos por el texto de 1978 no son derechos efectivos, es porque han fallado todas las instituciones encargadas de garantizarlos. Precisamente por ello pienso que es en la garantía de los derechos, y no en las instituciones, donde debemos poner el mayor esfuerzo.

No debe haber nada por delante de los derechos fundamentales, ni tan siquiera las instituciones del título preliminar. La Constitución ha de ser por encima de todo una Declaración de Derechos, y todas las instituciones del Estado –o Estados- han de estar orientadas a garantizarlos. No pongamos el carro delante de los bueyes: establezcamos cuales son los derechos mínimos para un ciudadano del siglo XXI, y solo después construyamos instituciones estatales para que el ejercicio de tales derechos sea efectivos.

Mohandas Karamchand Gandhi dejó escrito que no hay un camino para la paz, sino que la paz misma es el camino. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece el mínimo de derechos inalienables, y dotar de contenido efectivo a tales derechos ha de ser la responsabilidad de toda sociedad democrática. Pero parafraseando la inmortal frase de Gandhi, debemos decir que no hay un camino único a la democracia: solo la propia democracia es el camino.

Barcelona, 23 de julio de 2013.

ANEXO: PROPUESTAS DE DEMOCRACIA REAL YA PARA LA MANIFESTACIÓN DEL 15 DE MAYO DE 2011:

 1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:

• Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
• Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
• Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
• Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
• Reducción de los cargos de libre designación.

2. CONTRA EL DESEMPLEO:

• Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
• Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
• Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
• Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
• Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

3. DERECHO A LA VIVIENDA:

• Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
• Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
• Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:

• Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
• Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
• Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
• Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
• Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
• Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
• Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:

• Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
• Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
• Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
• Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
• Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

6. FISCALIDAD:

• Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.
• Eliminación de las SICAV.
• Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
• Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
• Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

• No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
• Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
• Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
• Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
• Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
• Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
• Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR

Texto presentado en el marco del Seminario «Comunicación y Sociedad Civil» sobre las transformaciones de la Sociedad Civil y la política en la era de Internet, UOC-IN3

Cronología: El acoso jurídico en España a la estructura de enlaces de la WWW, como proceso de gestación de la Ley Sinde

12 de octubre de 2002: Aprobación de la LSSI, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, estableciendo criterios de atribución de responsabilidad en la Internet española.

7 de marzo de 2003: Caso Ajoderse.com Primera interpretación judicial de la LSSI: inexistencia de responsabilidad por enlaces

4 de agosto de 2003: Caso Donkeymania. Primera operación contra una pàgina de enlaces, clausurada cautelarmente. Años después se dictaría auto de archivo por no existir delito.

1 de octubre de 2004: Entrada en vigor de la reforma del Código Penal endureciendo la represión contra los delitos contra la propiedad intelectual.

8 de abril de 2006: Operación Descargas en la Red, redada contra 17 páginas de enlaces.

29 de julio de 2006: Entra en vigor el nuevo texto de la Ley de Propiedad Intelectual, por el que se restringe seriamente el derecho de cita y de copia privada, se establece el canon digital y se define jurídicamente la puesta a disposición interactiva como forma de comunicación pública de obras protegidas.

29 de marzo de 2007: Nueva operación contra páginas de enlaces. La Ministra de Cultura, el Director General de la Policía y Guardia Civil posan con policías y artistas celebrando la redada.

28 de diciembre de 2007: Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, por la que se reforma la LSSI, ampliando las facultades de la Administración para intervenir en páginas web.

2008: se suceden los casos de archivo judicial de páginas de enlaces

Marzo de 2009: Nombramiento de Angeles González-Sinde como ministra de Cultura.

1 de diciembre de 2009: trasciende a la ciudadanía una maniobra para introducir en el articulado de la ley de economía sostenible una disposición final destinada a poder cerrar páginas mediante una comisión administrativa, sin supervisión judicial, con la excusa de los derechos de autor. Dicha disposición final es bautizada con el nombre de “ley Sinde”.

2 de diciembre de 2009: se publica el manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet“, que es reproducido en pocas horas por decenas de miles de páginas.

19 de marzo de 2010, aprobación del proyecto de ley. El mismo día, las principales páginas de enlaces españolas llevan a cabo un cierre de 8 horas en protesta.

3 de diciembre de 2010: La filtración de los cables de WikiLeaks demuestra la influencia de la administración norteamericana en el desarrollo de la ley Sinde.

19 de diciembre de 2010: Diversas páginas web españolas llevan a cabo una protesta pacífica contra el proyecto de Ley Sinde, cerrando sus páginas y publicando un texto de protesta.

21 de diciembre de 2010: La oposición parlamentaria vota en bloque contra la Ley Sinde, que resulta rechazada por el Congreso de los diputados.

25 de enero de 2011: CiU, PSOE y PP llegan a un acuerdo para resucitar la Ley Sinde en el Senado.

15 de febrero de 2011: Surge el movimiento Nolesvotes.com, que solicita formalmente un voto de castigo contra PSOE, PP y CiU por la aprobación de la Ley Sinde.

4 de marzo de 2011: Ley 2/2011 de Economía Sostenible, publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado. En su Disposición final cuadragésima tercera se incluye la Ley Sinde.

15 de mayo de 2011: Estallido del movimiento #15M, tras su difusión en redes sociales desde las plataformas No les Votes y Democracia Real Ya, que en su manifiesto proponen entre otras medidas la derogación de la Ley Sinde.

22 de mayo de 2011: Sonada derrota electoral del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales.

1 de julio de 2011: estalla el escándalo de corrupción de la SGAE.

20 de noviembre de 2011: El  PSOE pierde 4,5 millones de votos en las elecciones generales, y su representación parlamentaria se reduce a 110 diputados.

2 de diciembre de 2011: El gobierno del PSOE renuncia a desarrollar reglamentariamente la Ley Sinde por la presión de las redes sociales, según reconoce el presidente Rodríguez Zapatero.

30 de diciembre de 2011: El gobierno del PP aprueba el reglamento de la Ley Sinde.

Papel central de la Red en el desarrollo de los nuevos movimientos de protesta y vertebración de la sociedad civil. La experiencia de la lucha contra la Ley Sinde.

La lucha contra la Ley Sinde es un buen y mal ejemplo de cómo se organiza un movimiento de protesta a través de la red, vertebrando la sociedad civil para llevar a cabo una defensa organizada de derechos colectivos.

Es un buen ejemplo porque se trata de un conflicto prolongado a través del tiempo, con antecedentes y consecuencias que permiten un estudio en profundidad sobre un fenómeno social, con un lapso temporal suficiente.

Es un mal ejemplo porque la lucha contra la Ley Sinde tiene un origen muy concreto: la propia red, en defensa de su misma estructura de enlaces. Y eso refuerza los lazos empáticos de los participantes en el conflicto de una forma muy diferente a otros conflictos sociales externos a la red.

La dualidad que presenta el ejemplo nos obliga a ser muy cautos a la hora de valorarlo.  Así que antes de entrar en profundidad, quizás sería bueno ver qué factores sociales, políticos y sobre todo económicos inciden en el conflicto.

Recuperando un texto de trabajo anterior de este Seminario, en el que se identificaban sucintamente las ideas y valores utilizados en el debate por los diferentes grupos de interés encontraremos algunas pistas. Diferenciábamos entonces 4 grupos de interés:

1. Los autores de las obras objeto del conflicto desencadenante y las organizaciones que los representan. Con sus diversas posiciones.

2. La industria de producción y distribución de obras intelectuales ha formado un lobby para influir en los gobiernos elaborando leyes con las que intentar blindar su modelo de negocio.

3. Los colectivos movilizados en el ámbito del ciberactivismo han mantenido el pulso, fundamentalmente en los nuevos medios de comunicación digitales, así como en las redes sociales de Internet.

4. Los empresarios de Internet, con intereses en un nuevo modelo de distribución, se han manifestado generalmente en contra de cualquier restricción a la circulación de contenidos.

La lucha contra la Ley Sinde levantó muchas pasiones. Pero por debajo de ellas late la fría racionalidad de los dos vectores sobre los que se construye toda sociedad basada en la comunicación: la audiencia y el dinero.

Por parte de la industria de contenidos se han utilizado recurrentemente los puestos de trabajo perdidos y el paro generado por la falta de ingresos debida a la piratería. Eludiendo el debate sobre la propiedad y los modos de distribución en el ámbito digital, se ha incidido sobremanera en el derecho de autor como “salario” de los artistas, obviando la plusvalía obtenida del trabajo de éstos por parte de editores y productores.

Los colectivos sociales se han centrado en la defensa del derecho a la libertad de expresión y en el peligro de una aplicación indiscriminada de la nueva normativa que pueda llevar a la autocensura y a la libertad de acceso a los contenidos (a nuevos bienes comunes informacionales).  Los nuevos modelos de cultura libre también ha sido objeto de debate, especialmente desde el FCFORUM de Barcelona.

El poder político, tanto en el poder como en la oposición, ha intentado jugar al papel de árbitro del difícil equilibrio entre libertad y propiedad, con escasa fortuna, sobre todo en el aspecto comunicativo.

Los medios de comunicación tradicionales -titulares de cadenas de televisión, radios, periódicos y editoriales- también han sido muy ruidosos evidenciando su preocupación por la quiebra de su modelo de negocio.

Sorprende entre tanto ruido el silencio de los agentes económicos beneficiados directamente por el actual estado de cosas: la industria de las redes de telecomunicaciones, tanto en lo que se refiere a la aristocracia financiera de las grandes operadoras, como a la pequeña burguesía emergente interesada en la explotación de la red con el mínimo coste.  Que no hayan generado ruido no quiere decir que no hayan actuado: a veces actuar en silencio, desde intendencia y retaguardia, es mucho más efectivo que estar en primera línea.

Mecanismos de agregación y nueva composición: procesos de organización y herramientas de comunicación

Si comparamos las diferentes movilizaciones surgidas en red a lo largo de los más de 15 años de expansión de la internet comercial en España, pueden distinguirse tres momentos diferenciados:

1. Las luchas por la tarifa plana, privacidad de las comunicaciones, por el software libre en la administración, contra la LSSI, se centraban en webs de referencia.
2. La aparición de los blogs y agregadores de contenidos provocan un desplazamiento del centro de gravedad a la blogosfera. Es un fenómeno que se produce a partir de 2002.
3. En los últimos años, el centro de gravedad, y la capacidad de generar audiencia se focaliza en redes sociales, páginas de enlaces y granjas de blogs.

Paralelamente a todo ello, subsisten en todos los momentos otros polos informativos y generadores de opinión: los medios tradicionales, adaptándose al nuevo medio, y diversas “personalidades” de internet, capaces por sí mismas de generar opinión, sea como columnistas de grandes medios, o bien como blogueros o tuiteros de referencia. En toda movilización, con independencia de su beneficiario final, aparece un parachoques mediático formado por los colectivos mencionados.

Con todo, los grandes números de audiencia y facturación publicitaria se centran fundamentalmente en medios convencionales, granjas de blogs y páginas de enlaces. A la hora de llegar al gran público, más allá de los colectivos militantes, la capacidad de movilización reside en quien tiene mayor potencia de fuego.

Mecanismos de movilización: impacto sobre la esfera pública mediática y capacidad de incidencia política

Los árboles del populismo ciberactivista no deberían impedirnos ver el bosque: la gran selva mediática.  Durante todo el proceso de oposición a la Ley Sinde, los colectivos de la red han pretendido en todo momento llamar la atención de los grandes medios: nada es más jaleado en Twitter que la aparición de sus tuitstars en un reportaje de El País.

En muchas ocasiones, se genera una actividad con el exclusivo fin de llamar la atención, primero mediante la propia web del colectivo, luego en redes sociales, para acabar remitiendo correos a destinatarios múltiples de agencias de noticias y grandes medios de comunicación.  Su incidencia real sobre los ciberactivistas es reducida, en la medida que se trata de internautas fuertemente concienciados: su verdadero destinatario es el gran público, y para ello se precisa de la colaboración de los grandes medios.

Observemos –únicamente a título de ejemplo- la frenética actividad del grupo Hacktivistas.net, que en la cronología publicada por 20 Minutos consigue un buen número de referencias informativas:

18-12-2009. La industria cultural española exige al Gobierno que acabe con «la sangría» de la piratería. En Internet surgen nuevos movimientos contrarios a la ley prevista por el Gobierno, como La lista de Sinde, una página web que pretende ayudar a los internautas a encontrar archivos descargables de Internet mediante dos widgets.

  9-3-2010. LalistadeSinde.net presenta ante el Ministerio de Industria una lista con más de 1.200 sites que se autoinculpan de haber realizado libre intercambio de archivos.

 11-11-2010. Una nueva campaña de protestas contra la ley Sinde satura el correo de los diputados del Congreso.

 12-5-2011. El grupo Hacktivistas.net, junto a la editorial Traficantes de Sueños y el periódico Diagonal, que han apoyado su edición, presentan el Manual de Desobediencia a la Ley Sinde, un texto que resume las posibilidades que la Red ofrece para «evitar la censura». Según sus defensores, con este manual Hacktivistas.net resume lo que cientos de activistas en la Red han hecho, y creen que ahora será útil para demostrar la «ineficacia» de la ley Sinde.

La incidencia real en capacidad de movilización en la red es una incógnita, en el caso de Hacktivistas y en cualquier otro.  Lo verdaderamente importante, lo que de verdad motiva a todos los colectivos, es repercusión mediática. Y para valorar eso sólo podemos acudir a la estadística pura y dura: números de visitas, números de retuits, números de referencias en Google.  Otro ejemplo: quien quiera analizar en profundidad el fenómeno #NoLesVotes, así como sus objetivos principales y secundarios, solo tiene que estudiar las cifras.

Para el ecosistema político, portadas de prensa convencional es sinónimo de difusión. Solo tras el #15M los políticos han entendido que la presencia en redes sociales y su aumento cuantitativo genera un salto cualitativo en la atención de los grandes medios. Pero antes de llegar a ese punto, todo pasaba por conseguir un pleno: a ser posible, una portada en El País.  Ese objetivo lo consiguió el activismo contra la Ley Sinde, y dos veces seguidas, en diciembre de 2010.  Ahora son los redactores de El País –y de todos los medios- los que están pendientes de cuanto se mueve en Twitter, y muy especialmente de la redifusión de sus propias noticias.

Papel de las organizaciones sociales clásicas. Límites entre organizaciones sociales y los nuevos movimientos en red.

Las organizaciones sociales clásicas, si entendemos como tales partidos políticos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, han actuado a lo largo de todo el conflicto a remolque de la sociedad red. La agenda mediática la han marcado las decisiones gubernamentales y las declaraciones de la industria, de un lado, y los colectivos en red, de otro. Los partidos que han formulado objeciones a la normativa se han basado fundamentalmente en el trabajo previo realizado en la red. Desde este punto de vista, se aprecia una mayor porosidad hacia la sociedad red por parte de los grupos pequeños en la oposición. Incluso en Twitter, una red que por su propia naturaleza es muy dada a la espontaneidad, los militantes de partidos mayoritarios se han plegado a las consignas emanadas de la dirección.

Las escasas intervenciones sindicales no han sido demasiado afortunadas, siendo paradigmática la declaración del secretario sectorial de Comunicación Social, Cultura y Deporte de UGT, Carlos Ponce, favorable a la aprobación de la Ley Sinde, para «detener las sentencias que puedan atentar contra los derechos de propiedad intelectual» (sic).

Organizaciones de consumidores y usuarios, mejor estructuradas a nivel red, han tenido una incidencia mayor. No obstante, fue muy preocupante el silencio del Consejo de Consumidores y Usuarios presidido por Francisca Sauquillo, que en su informe sobre la Ley Sinde omitió toda referencia a las protestas de diferentes asociaciones.

Conclusiones

A escasas semanas de la entrada en vigor práctica de la Ley Sinde, todavía es pronto para extraer conclusiones.  Por un lado, todavía está sometida a discusión jurídica, dado que diversas entidades –asociaciones de consumidores y de empresas de internet- han impugnado la norma ante el Tribunal Supremo. También está por ver si la aplicación represora de dicha norma genera nuevas espirales de movilización.

Con todo, sí se puede extraer una conclusión: la política realmente existente –considerando como tal la que se ejerce mediante cargos públicos remunerados en partidos y sindicatos- sigue anclada en esquemas comunicacionales previos a la sociedad red, fuertemente jerarquizados. El poder político tradicional sigue teniendo la capacidad de marcar la agenda informativa de los grandes medios en la medida que éstos están dispuestos a seguir el juego al poder, sea por razones de influencia social o económica. Pero han perdido el monopolio de la acción política: grupos con escasos medios económicos son capaces de influir poderosamente en la agenda informativa, manteniendo el pulso frente al poder de forma prolongada en el tiempo.

El conflicto de la Ley Sinde es solo un ejemplo más, y por las razones expuestas al inicio no permite predecir por sí mismo el posterior devenir de la agitación socio-política en la sociedad red.  Pero sí marca una tendencia de futuro en el campo de la movilización social. Los activistas han cometido muchos errores, pero el principal error lo ha cometido el poder, perdiendo una oportunidad inmejorable de adaptar sus estructuras al nuevo escenario social y tecnológico.  De tales errores unos y otros deberán extraer las lecciones que marquen la pauta política en los próximos años.

Barcelona, 15 de marzo de 2012.

Ponencia impartida por Carlos Sánchez Almeida en el Curso “Libertad en Internet: garantías y amenazas”, UIMP – Valencia, 28-30 de septiembre de 2011

También en versión audio

1.- Hackers, grietas y burocracia

El título de esta conferencia, según el programa, tenía que ser “¿Por qué el legislador defiende la propiedad antes que la libertad?”. Era un título más ilustrativo que el elegido finalmente, que he tomado prestado de la novela de ciencia ficción de Richard Morgan, traducida en España por Jesús Gómez, publicada por Gigamesh, y disponible gratuitamente en las redes de intercambio y servidores de descarga de Internet que quiere cerrar la Ley Sinde.

Sí, el título original era más ilustrativo. Pero “Leyes de Mercado” resume a la perfección la situación actual de nuestro Parlamento en lo que se refiere a la autoría de su producción legislativa, muy particularmente en lo relativo a las leyes destinadas a proteger la propiedad. Y también refleja la Realidad contra la que intentan en vano lucha los legisladores y los que les dictan las leyes. La novela de ciencia-ficción Leyes de Mercado, que tengo en las manos en este momento en su versión papel, seguirá disponible en su forma binaria en internet mañana, pasado, y dentro de un año. Diga lo que diga la Ley Sinde, el reglamento de la Ley Sinde, y cuantas leyes de mercado quiera dictar el próximo Gobierno delegado de los Mercados. Porque esa y no otra es en Internet la verdadera Ley impuesta por sus verdaderos ciudadanos.

Cuando me invitaron a estas jornadas los organizadores me remitieron una lista de normas impuestas por la burocracia universitaria, una burocracia necesaria para organizar la vida académica, pero absolutamente incompatible con la agitada vida de plazos, juicios y recursos que hemos de sobrellevar los abogados. De hecho, me consta que hay compañeros de profesión que han tenido que renunciar a dar conferencias universitarias para no tener que sufrir la burocracia. Yo hago lo que la mayor parte de abogados hacen con las leyes: me comprometo a cumplir con lo establecido, y luego aprovecho las grietas de la letra pequeña.

Me pedían un abstract de la conferencia, y que remitiese el texto por anticipado. Algo imposible: ni yo mismo sé de qué voy a hablar cuando me pongo a escribir: el abstract solo lo puedo hacer como resumen, cuando ya he acabado de escribir, si el teléfono y el twitter me han dejado tranquilo. A veces envidio a aquellos que pueden trabajar de forma estructurada, con arreglo a un Orden inmutable. Yo convivo a diario con el Caos, y no sabría vivir de otra forma. Posiblemente por eso me gusta tanto Internet.

2.- Islas en la Red

El segundo título de ciencia ficción que citaré hoy: Islas en la Red fue una novela publicada por Bruce Sterling, pionero del ciberpunk y también autor de The Hacker Crackdown (“La caza de hackers. Ley y desorden en la frontera electrónica”). Dos obras publicadas en 1988 y 1992, respectivamente, que auguraban lo que iba a ser Internet. Como diría el mismo Bruce en el prólogo a Quemando Cromo, de William Gibson, los escritores de ciencia ficción son payasos sabios:

Somos Payasos Sabios que podemos saltar, dar cabriolas, hacer profecías y rascarnos en público. Podemos jugar con Grandes Ideas porque el extravagante colorido de nuestros orígenes de revista barata nos hacen parecer inofensivos.

El futuro profetizado por Bruce Sterling ya está aquí. Mercados conectados a la velocidad de la luz que chantajean a diario a sus Gobiernos delegados. Unos Gobiernos que han dejado de defender incluso a sus burguesías locales, ya que a su pueblo no lo defendieron nunca. Unos Gobiernos que debían encarnar el Orden, y que están genuflexos ante el Caos de los parqués bursátiles. Gobiernos de estados-nación, celosos guardianes de sus fronteras físicas, en un mundo donde el capital ya no tiene fronteras.

Bruce Sterling no fue el único profeta de la Hacker Revolution. Antes de que los vendedores de chatarra electrónica usurpasen el título, ser gurú era otra cosa. Y si hay que hablar de un gurú entre gurús, necesariamente tendré que citar a Hakim Bey, considerado por algunos como padre ideológico de los hackers, y auténtica autoridad en las leyes de las redes del Caos. Títulos estos un tanto pretenciosos: un verdadero hacker no reconocería autoridad patriarcal alguna ni a su propio padre.

Mucho antes de que la ley de los mercados contaminase las redes, mucho antes de que Internet llegase al gran público, en aquellos oscuros tiempos de BBS y módems ruidosos, Hakim Bey ya establecía las bases de la ciberutopía. Su ensayo de 1991, Zona Temporalmente Autónoma, anunciaba el #15M hace ya 20 años:

El TAZ es un campamento de guerrilleros ontológicos: golpean y corren. Mantén en movimiento a la tribu entera, aunque sólo se trate de datos en el Web. El TAZ tiene que ser capaz de defensa: pero tanto su ataque como su defensa deben, siempre que puedan, eludir la violencia del Estado, que es una violencia sin sentido. El ataque se hace contra estructuras de control, esencialmente contra las ideas; y la defensa es la invisibilidad un arte marcial y la invulnerabilidad -un arte oculto entre los marciales. La «máquina de guerra nomádica» conquista antes de ser notada, y se desplaza antes de que el mapa pueda ser reajustado. Por lo que concierne al futuro, sólo los autónomos podrán planificar la autonomía, organizarla, crearla. Es una operación que se autoinicia, fundacional. El primer paso tiene algo de satori: la realización del TAZ comienza con el simple acto de su realización.

A lo largo de estos últimos 20 años, la red ha mantenido el pulso frente al Estado. Cada vez que el poder político ha intentado establecer fronteras legales en el territorio de la frontera electrónica, la red ha mutado para eludir la agresión. En la mayor parte de las ocasiones los hackers han actuado como tribus nómadas, como una ciberguerrilla siempre en movimiento. Para eludir la vigilancia tuvieron que echarse al monte de la Red, hasta que las condiciones objetivas permitiesen que la revuelta cristalizase en el mundo físico.

Cada vez que enemigos de las libertades y defensores del Estado utilizan la palabra “pirata” en relación a la red me hacen reír, precisamente porque con ello le dan la razón a Hakim Bey, que citaba la utopía pirata de Libertalia como paradigma de la Zona Temporalmente Autónoma. Las verdaderas repúblicas de los piratas eran sus barcos: para los nuevos nómadas, la única utopía posible era la República Internet.

Así fueron las islas en la red, reductos de libertad frente al pensamiento único impuesto por Estados y Mercados. Así fue hasta la primavera de 2011.

3.- España: revolución, reacción y resistencia

La revolución de las telecomunicaciones en España corre pareja a los intentos del poder político de imponer su control sobre la sociedad de la información emergente, labor en la que encontrará un gran apoyo por parte de las empresas de medios de comunicación, que generan un discurso reaccionario frente a un modelo de distribución de información que no pueden controlar.

Pero con independencia de los intentos de control ejercidos desde la esfera política, policial y mediática, la red resiste el acoso del poder. Todo intento de control legislativo es respondido antes o después mediante una evolución técnica que provoca la inmediata obsolescencia de la norma jurídica.

El esquema se repite cíclicamente: la innovación tecnológica modifica de forma radical un status quo consolidado. Los beneficiarios del status quo que se derrumba reaccionan interesando del poder cambios legislativos para “adecuar sus derechos a la nueva situación tecnológica”. Y ante dicha normativa, surge una nueva evolución técnica: revolución, reacción y resistencia.

En breve seremos testigos de un nuevo capítulo del proceso descrito. En el momento que se apruebe el reglamento de desarrollo de la “Ley Sinde” y se constituya la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en el Ministerio de Cultura, asistiremos a un cambio en la forma de distribuir enlaces en internet. A un problema jurídico se responderá con una respuesta técnica no prevista por el legislador, y la solución legislativa dirigida a retirar contenidos o bloquearlos se quedará perdida en una nube.

4.- La legislación TIC en España: 20 años contra la innovación

La problemática jurídica relacionada con las nuevas tecnologías era muy distinta hace veinte años, y se centraba fundamentalmente en la protección jurídica del software: la ya derogada Ley de Propiedad Intelectual de 1987, así como también derogada Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho Español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, unidas al artículo 534 bis del Código Penal entonces vigente, establecían un marco que permitía perseguir los delitos contra la propiedad intelectual de programas de ordenador. Y ese fue el cauce por el que muchos abogados –entre los que me cuento- tomaron un primer contacto con la problemática jurídica de las nuevas tecnologías. Eran discos flexibles de 5 y ¼, muy lejanos de la nube actual, pero la persecución entre titulares de derechos de autor y presuntos piratas del software había comenzado.

Obsérvese que en el primer conflicto el legislador ya antepone la regulación del derecho de propiedad a cualquier otro derecho o libertad. Pese a que la Constitución Española establecía ya desde 1978 en su artículo 18.4 que “La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”, tuvieron que pasar 14 años para que el legislador se preocupase por la intimidad informática de los ciudadanos, y ni siquiera eso: la verdadera razón de la ya derogada Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, LORTAD, fue evitar que periodistas y detectives pudiesen pedir información sobre casos judiciales.

Empecé a ejercer en 1987. Y recuerdo que durante mucho tiempo, incluso después de la entrada en vigor de la LORTAD, pedir información sobre cualquier persona en los Juzgados de Barcelona era lo más sencillo del mundo. No había que acreditarse en ningún sitio, ni demostrar un interés legítimo: bastaba con rellenar un pequeño formulario anónimo, poner el nombre de la persona sobre la que se buscaba información, y los atentos funcionarios de la sección de informática te devolvían el papelito lleno de datos sobre sumarios judiciales. Era evidente que tal sistema no podía sobrevivir entre los múltiples escándalos de corrupción que llenaron los periódicos por aquellas fechas.

Tras la LORTAD llegó el Código Penal, donde se incluyeron por primera vez delitos estrictamente informáticos, como la interceptación de correo electrónico, el acceso inconsentido por vía telemática a datos reservados o secretos de empresa, y los daños a programas y archivos binarios. Y con el Código Penal, en 1995, también llegó la red al gran público, lo que hizo necesaria la creación de brigadas policiales especializadas en controlar la red.

El Código Penal de 1995 tuvo en su día una inmerecida fama de progresista: nada más falso. Al tiempo que continuaba penando conductas como la insumisión al servicio militar, la ocupación de pisos vacíos o el aborto, dejó fuera de su cobertura jurídica la pornografía infantil. Un código que blindaba la propiedad en el mundo digital, penalizando la copia de programas de ordenador, los daños a la propiedad por vía informática, o la revelación de secretos digitales de empresas y particulares, dejó impune un delito contra la libertad de la magnitud de la pornografía infantil. A los autores del denominado “Código Penal de la Democracia” les preocupaba más la propiedad que la libertad.

Afortunadamente la omisión fue solventada en una reforma de 1999, pero ya para entonces las prioridades del legislador estaban claras: nueva Ley de Propiedad Intelectual en 1996, nueva Ley de Protección de Datos en 1999…Y rápidamente redadas contra hackers, “piratas” y demás proscritos, y expedientes administrativos a la Asociación contra la Tortura por publicar nombres de funcionarios condenados en Internet.

A partir del nuevo milenio los cambios se aceleran, y el ataque global a los derechos fundamentales tras los atentados del 11-S provocan un incremento de la represión legal en internet, siempre dirigido a blindar el derecho de propiedad en detrimento de derechos fundamentales como la intimidad o la libertad de expresión.

Un ejemplo: en noviembre de 2000 una moción aprobada por unanimidad en el Senado insta al Gobierno a regular el correo electrónico en las empresas, garantizando la inviolabilidad de las comunicaciones. Han pasado 11 años y tal legislación brilla por su ausencia. Por el contrario, se han desarrollado muchas iniciativas legales tendentes a proteger la propiedad de las empresas en el marco digital, muy especialmente las de las televisiones de pago.

En el año 2001 se inicia desde Kriptópolis una campaña contra el primer anteproyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, denunciando su posible utilización como instrumento de censura y control. No olvidemos que los primeros anteproyectos incluso establecían un sistema obligatorio de registro para poder abrir una página web.

PP y PSOE tuvieron una actuación absolutamente vergonzosa en lo que se refiere a la Ley de Internet, intercambiando sus papeles según quién estuviese en el poder: así, en 2001 el PSOE se opuso a la LSSI, prometiendo su derogación al llegar al poder. Lo que hizo al llegar al poder fue blindarla, para que cualquier Administración pública pudiese proceder al cierre de páginas que afectasen a su esfera de competencia.

Del mismo modo, ambos partidos pactaron reformar en el año 2006 la Ley de Propiedad Intelectual, reduciendo a la mínima expresión las excepciones al derecho de autor, que de tal forma fue ampliado en el ámbito digital. Se produjo la paradoja que mientras se reducía el ámbito de la copia privada a su mínima expresión en el ámbito doméstico, prohibiéndolo a personas jurídicas, se ampliaba el canon de copia privada hasta el extremo, debiéndolo pagar también personas jurídicas, lo que llevaría a España a un ridículo internacional en el Tribunal de la Unión Europea.

Las sucesivas reformas penales acometidas por PP y PSOE en 2003 y 2010 no han hecho sino fortalecer la defensa de la propiedad inmaterial en internet, en detrimento de los derechos ciudadanos a la cultura y a la libertad de expresión. Los delitos contra la propiedad intelectual pasaron a perseguirse de oficio, se incentivó a las brigadas de investigación tecnológica a actuar contra páginas de enlaces, se crearon ex novo nuevos tipos penales para proteger el negocio de la televisión de pago, y se criminalizó toda actividad relacionada con el hacktivismo.

La Ley Sinde, Disposición Final 43 de la Ley de Economía Sostenible, resume los despropósitos de todos estos años. Una normativa dirigida a ampliar las atribuciones de la administración pública en internet, para así poder intervenir en un problema de derecho privado, se lleva a cabo prescindiendo hasta el extremo del poder judicial, y acaba siendo pactada por los partidos mayoritarios PP-PSOE y su bisagra periférica CiU.

El reglamento de la Ley Sinde, en fase de redacción en estos momentos, presenta en sus primeros borradores serias deficiencias: su disposición más preocupante es la que establece que en 72 horas los prestadores de servicios de intermediación en de internet deberán dar cumplimiento a las exigencias administrativas de retirada de datos o enlaces. El procedimiento administrativo gira alrededor del proveedor de contenidos que presuntamente infrinjan derechos de autor: a los prestadores de servicios de intermediación se los deja al margen del procedimiento hasta el final, en una clara situación de indefensión. Ello no obstante, y mucho antes de la aplicación práctica de la Ley Sinde, ya se están desarrollando soluciones técnicas para compensar con código informático lo que no soluciona el código jurídico

En todos y cada uno de los casos mencionados, las leyes nacieron obsoletas: solo sirvieron para incrementar las minutas de abogados especializados, así como la inventiva de programadores, hackers y webmasters. Toda ley absurda genera una solución técnica para esquivarla.

5.- Internet y poder mediático: historia de un desencuentro

Para entender las cíclicas campañas de desprestigio que ha sufrido la red por parte de los medios de comunicación convencionales basta con echar un vistazo al reparto de la propiedad de los grupos mediáticos en España. Es altamente recomendable la lectura de un artículo de Núria Almiron, Grupos privados propietarios de medios de comunicación en España: principales datos estructurales y financieros, publicado en la web de la Universidad de Navarra.

Editoriales, cadenas de librerías, periódicos, radios y televisiones en poder de las mismas manos: lo extraño sería que hablasen bien de internet. En cuanto descubrieron que no podrían controlarla, y de esto hace mucho tiempo, comenzaron a cargar contra la red. A lo largo de la última década, y en particular desde la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, los medios de comunicación españoles han apoyado todos los intentos de control jurídico de internet, muy especialmente las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Propiedad Intelectual: se trata en última instancia de defender su cortijo.

Internet ha dado al traste con todos los viejos modelos de distribución de obras culturales, en todos los sectores. Y salvo contadísimas excepciones, la industria mediática española no ha sabido reciclarse. Su única estrategia ha sido apoyar hasta el final los intentos del poder político de controlar la red.

Modificaciones legales para blindar el negocio de televisión de pago, prohibir el press-clipping, limitar el alcance de la copia privada, o autorizar la retirada de contenidos de la red por parte de la administración, han sido aplaudidas a rabiar por todos los grupos mediáticos españoles. No es extraño, en consecuencia, que las redes sociales donde eclosionó el movimiento #15M considere hostiles a los medios de comunicación tradicionales, situándolos al mismo nivel que a políticos y banqueros.

6.- Mayo del 11: desde la #leysinde al #15M

La aprobación de la Ley 23/2006, de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, vino precedida por multitud de críticas en internet, y en particular en las redes y agregadores de blogs. Sin embargo, la norma se aprobó con la práctica unanimidad del Congreso de los Diputados, evidenciando la escasa influencia que la red ejercía sobre la política real hace solo cinco años.

Todo había cambiado solo tres años después: la llegada al Ministerio de Cultura de Angeles González-Sinde, en abril de 2009, fue contestada masivamente desde las redes sociales. Su proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, al objeto de permitir la retirada administrativa de contenidos sujetos a derechos de autor, encendió en diciembre de 2009 Twitter y Facebook. En pocos días el Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet tenía más de 250.000 seguidores en Facebook.

A lo largo de todo el año 2010, la campaña contra la #leysinde fue tomando forma y aumentando seguidores. Coincidiendo con la aprobación del proyecto el 19 de marzo en Consejo de Ministros, importantes páginas de enlaces españolas llevan a cabo un cierre de 8 horas en protesta. El cierre anticipaba una protesta masiva de webs de enlaces 9 meses después: el 19 de diciembre: a dos días de la votación del proyecto en el Congreso, las páginas de enlaces españolas se fundieron a negro durante 12 horas, con un mensaje contundente que apuntaba al sitio No al cierre de webs:

Si se aprueba la Ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs.

En No al cierre de webs se colgó un manifiesto que sería leído por más de cuatro millones de personas en un par de días. En dicho manifiesto (ver anexo) se solicitaba a los ciudadanos que no se limitasen a protestar en internet: que saliesen a la calle: “Sal a la calle, explícaselo a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo.” “y explícaselo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet.”

El cierre de páginas de cine y series de televisión, de gran audiencia en internet, provocó que el mensaje llegase a amplias capas de la población. La movilización en listas de correo y redes sociales haría el resto: en las horas previas a la votación en el congreso los diputados recibieron miles de correos de protesta.

El 21 de diciembre la votación parlamentaria es seguida con avidez a través de su emisión en streaming por Internet. Se produce la circunstancia que el mismo día que en el Parlamento español se debate la Ley Sinde, en el Parlament de Catalunya se está procediendo al debate de investidura del candidato a Presidente de la Generalitat, Artur Mas. CiU vota en contra de la Ley Sinde, que resulta rechazada por el Congreso de los diputados.

El 25 de enero, tras múltiples presiones de la industria editorial, se alcanza un pacto entre PP, PSOE y CiU para resucitar el proyecto de Ley Sinde en el Senado. A los pocos días empezó a gestarse el proyecto #nolesvotes, primero en Twitter y después desde el web Nolesvotes.com y el wiki.nolesvotes.org

#nolesvotes nació como un proyecto aglutinador: su aspiración no era otra que sumar descontentos, primero en la red y después en la calle, sirviendo de caja de resonancia al profundo malestar de la sociedad frente a la actuación de la clase política. Desde enero hasta mayo, fue uno de los hashtags de referencia en la internet española, y sirvió como altavoz a todas las iniciativas que se fueron sucediendo para evidenciar el malestar de la sociedad con respecto a la situación política y económica. Al revisar mi TL de esas fechas, es curioso ver los hashtags que se van sumando poco a poco a #nolesvotes: #sinfuturo, #sinmiedo, #estadodelmalestar, #indignaos, #reacciona, #democraciarealya y #15M. Un estudio en profundidad sobre la influencia de dichos hashtags en la explosión de Mayo del 11 puede consultarse en la web del Instituto Universario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza.

7.- República Internet: una advertencia para el futuro

El análisis del #15M y su evolución posterior no es objeto de esta conferencia, limitada a los conflictos entre propiedad y libertad, y la escasa autonomía del legislador español con respecto a los verdaderos titulares del poder: el poder económico y mediático. Ello no obstante, sí me interesa dejar aquí una advertencia para el futuro: si es atinada o no, solo después de algunos años podrá evaluarse adecuadamente.

Desde mis primeros textos en internet, y hablando precisamente del derecho de reunión, vengo diciendo que pese a que la red permite crear organizaciones a coste muy reducido, esa fuerza de la red es también su principal debilidad, porque solo se toma en serio a un movimiento político cuando es capaz de llenar las avenidas. En marzo de 2009, al comenzar mi última serie de conferencias, disponible en http://www.culturalibre.org, dejé escrito lo siguiente:

Las nuevas tecnologías cambian la forma de ejercer los derechos. Pero en última instancia, los derechos de reunión y manifestación quedan en letra muerta si no se ejercitan: de nada nos sirven si no pensamos movernos del sillón.

Quizás el gran reto del siglo XXI no sea más que éste: entender que no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos. Entender que si de verdad es cierto que la soberanía reside en el pueblo, ha llegado la hora de que el pueblo ejerza sus propias responsabilidades de forma directa, sin delegaciones ni intermediarios.

Más allá de la crisis económica, vivimos una crisis de sistema. Nuestros intermediarios políticos han demostrado su inutilidad para gestionar los inmensos desequilibrios que genera un sistema social injusto. Pero de poco sirve quejarnos de ellos, mientras nos desentendemos de la toma de decisiones que sólo a nosotros nos corresponden.

Sólo cuando el Estado y el Mercado nos dejen sin protección social, empezaremos a entender que sólo somos partículas elementales, que nada pueden conseguir en solitario. Tenemos que reconstruir en el mundo real, y no sólo en Internet, las redes sociales destruidas por el individualismo salvaje. Y eso sólo puede hacerse llevando nuestra asamblea virtual permanente a las calles, a las fábricas, a los despachos.

Ha llegado el momento de que los habitantes de la sociedad conectada se pongan de pie, abandonando el sedentarismo del consumidor indolente. Las pantallas son armas de doble uso: pueden servir tanto para comunicarnos como para encadenarnos. De nosotros depende, en última instancia, escoger el camino.

Tenemos las herramientas, Internet y los ciberderechos: ha llegado la hora de utilizarlas en el mundo real.

Durante todo 2009, 2010 y buena parte de 2011 no he cesado de pedir que la red saliese a la calle. En mayo de 2009 fuimos poco más de 300 peatones a la Plaza del Rey de Madrid, para protestar ante el Ministerio de Cultura. En diciembre de 2009 ya fuimos unos cuantos más. Desde mayo de 2011 ya han salido a la calle unos cuantos cientos de miles, quizás millones. Pero ahora me pregunto si no es quizás el momento de reflexionar.

La red no es nada sin la calle, pero la movilización callejera por sí misma no sería nada sin internet. Al consultar este texto con mi amigo Ricardo Galli me hizo una inteligente observación sobre uno de los puntos débiles del ciberpunk, y en general del ciberactivismo de los años 90: el presentar la red como un espacio nuevo, de “otra gente”, otra “república” paralela o alternativa a la realidad.

Ricardo tiene razón: el dualismo internet-mundo real es un error, especialmente si lo llevamos a la acción política. La red somos las personas, las mismas que viven en la “democracia” o “república” de su barrio. El ciberpunk parecía proponer a la gente “emigrar” a otro estado diferente, casi como ofrecerles una colonia en la Luna. La práctica cotidiana de los últimos meses nos ha demostrado que toda acción política pasa simultáneamente por la calle y por la red, porque la red ya es la mitad de lo real, y para algunos la mejor mitad.

En consecuencia, y después de años diciendo que la red tenía que salir a la calle, no voy a decir aquí que haya que hacer el camino inverso, de la calle a la red: no, eso ya es imposible. Lo que me planteo es lo siguiente: si en buena parte hemos llegado aquí gracias al trabajo solidario de miles de personas organizadas en red, si es esa misma red solidaria la que mantiene activo el movimiento #15M… ¿no será la red lo primero que intente desactivar el poder? ¿No será necesario que nos mantengamos alerta para evitar que nuestro principal bastión sea también nuestro punto más vulnerable?

Ellos defienden su propiedad: lo han hecho durante milenios, y lo seguirán haciendo. Seguirán comprando a políticos para que blinden sus privilegios, y seguirán teniendo todos los recursos durante mucho tiempo, muy especialmente en el terreno mediático.

No lo olvidemos, especialmente cuando llegue el frío a las calles. Cuando el Estado y el Mercado se alíen de nuevo para imponer leyes y constituciones redactadas al dictado del poder financiero, “Leyes de Mercado”, leyes a medida de los detentadores de la propiedad, no podremos contar con los medios de comunicación que pertenecen a esos mismos propietarios.

Internet es nuestro último baluarte, y vendrán por ella. Estemos alerta para cuando llegue ese momento, porque para defender la libertad en la red solo contaremos con nosotros mismos.

Valencia, 30 de septiembre de 2011.

El Título Preliminar de la Constitución Española menciona cuatro instituciones. Todas ellas están organizadas de forma piramidal, a la usanza del Viejo Siglo Veinte: partidos políticos, sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales y fuerzas armadas. Pero exceptuando al ejército, hay una exigencia constitucional para partidos, sindicatos y patronales: su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

A lo largo de los 33 años transcurridos desde que entró en vigor la Constitución de 1978, el nivel de degradación de las instituciones que deberían articular la participación democrática de los ciudadanos no ha dejado de aumentar. Que el presidente de la patronal haya protagonizado una de las quiebras más vergonzosas de la historia empresarial de este país ilustra perfectamente hasta dónde hemos llegado. Sobre el grado de representatividad y capacidad de movilización de partidos políticos y sindicatos es casi mejor no hablar: basta con echar un vistazo a las cifras de abstención o de paro.

La democracia representativa fue construida alrededor de estructuras jurídicas y organizativas de la sociedad industrial articulada en torno al estado-nación. La globalización de los mercados financieros ha mermado el poder de los estados de forma alarmante, hasta el punto de limitar su función al mantenimiento del orden público: al sistema económico lo único que le interesa del poder político es que gestione con eficacia el ejército, la policía y el sistema judicial y carcelario.

Estamos presenciando el derrumbe paulatino de una sociedad basada en unas estructuras que ya no representan a la ciudadanía. Quien decide la política de los partidos, de los sindicatos y de las patronales no son las bases que deberían garantizar la representatividad democrática, sino unas cúpulas elitistas cada vez más alejadas de la ciudadanía real. Y frente a ellas, se alza una sociedad en ebullición que está construyendo a diario nuevos nodos de debate ciudadano, autoorganizándose en una inmensa red social cada vez mejor comunicada.

No hablo solo de internet, porque la sociedad red emergente es mucho más amplia que la red de redes. Hablo de los millones de conexiones que se tejen a diario entre las personas que con su trabajo mantienen activa la base de las pirámides. Hablo de conexiones de datos, de voces, de bocas y orejas, de la red social más poderosa que jamás ha existido: la que se teje y se articula alrededor de la solidaridad humana.

Lo único que les interesaba de nosotros era nuestro voto, garantizarse que nos representaban para poder tomar decisiones en nuestro nombre. Y con nuestro voto, con nuestra legitimación, han entregado el poder real a instituciones no democráticas, a poderes financieros que defienden sus propios intereses al margen de las necesidades de la ciudadanía.

Durante años han intentado recluirnos, alejarnos de las calles y de la participación democrática. Desde nuestros domicilios, en internet, sólo somos una confusa amalgama de ciudadanos aislados que ejercen el derecho al pataleo virtual. A las estructuras hegemónicas del poder político, económico y mediático ya les viene bien así: no importa que gritemos desde la red, mientras sigamos consumiendo en casa.

Hay dos derechos que necesitan visibilizarse para ejercerse en plenitud: el derecho de manifestación y el derecho al voto. Unos derechos que en las sociedades mediterráneas se convierten en un verdadero placer si se ejercen en primavera. Si hay un momento adecuado para salir a la calle, y ser nosotros mismos, es precisamente en este mes de mayo.

Tenemos mucho que decidir juntos, y tiempo tendremos de debatirlo. Quizás nuestra Constitución requiere una reforma integral, que asegure y mejore la participación democrática: como decía al principio, las instituciones que deberían garantizarla se han degradado en exceso. Pero ese proceso empezará después de que ejerzamos nuestro derecho de manifestación y nuestro derecho al voto.

Del 15 al 22 de mayo, nos vemos en las calles. Por una libertad real. Por una igualdad real. Por una justicia real. Por una democracia real.